Bienestar juvenil ¿Por decreto?

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La actividad legislativa en el Congreso de la República se ha incrementado exponencialmente en los días pasados, los padres de la patria le dieron vuelo a su imaginación, han plasmado y quieren seguir plasmando sus “buenas intenciones” en una serie de instrumentos jurídicos.

Reza un refrán popular que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, camino que tendrán que recorrer nuestros congresistas si no analizan a fondo las complejas situaciones que se les presentan y tratan de prever los resultados de las marañas legislativas que crean.

Se cree equivocadamente que el todopoderoso parlamentario es conocedor de toda la realidad social, y que por tanto los designios cuasidivinos que plasma en las leyes imperiosamente cumplirán con los objetivos propuestos. Casi siempre hay buenas intenciones, pero casi siempre las acompañan de malas herramientas, o simplemente no toman en cuenta que para el cumplimiento de determinadas prestaciones es necesaria toda una estructura burocrática –que viene con sindicato incluido-, fuentes de financiamiento, etc. Este es el caso de la Ley Nacional de la Juventud, plagada de buenas intenciones, pero que crea burocracia innecesaria que aumenta el gasto público, que le otorga al Ejecutivo más plazas para seguir pagando favores políticos, foco de corrupción, como lo demuestra la experiencia CONJUVE.

Mientras se realizaron importantes reformas a la Ley del Organismo Legislativo, en donde una de las principales cuestiones es la erradicación de la contratación de familiares y amigos de los congresistas, en el Ejecutivo parece que para la lista de reclutas solo toman manzanas –regularmente podridas- de los árboles genealógicos de los altos funcionarios del oficialismo.

Pero falta ponerle la guinda al pastel de la LNJ, resulta que la ley incluye un paquete de “educación sexual” para jóvenes –según la ley, sé es joven a partir de los 13 años- que aún están bajo la patria potestad de sus padres. Cuestión que ha causado polémica en diversos sectores, ¿Será que se violenta la esfera privada de los individuos? Además, hay que cuestionarse ¿Ya existe un programa de educación sexual en salud y educación pública? ¿Qué resultados ha dado? Ya existe la Ley de acceso universal a servicios de planificación familiar, entonces ¿Para qué seguir legislando inútilmente sobre el mismo tema? Hay un problema de fondo verdaderamente serio, pero ¿Será que la ley es la solución? ¿Podemos encontrar otra vía para solucionarlo?

Por es tan importante un espacio como la Mesa Ciudadana de la Juventud para alcanzar soluciones efectivas.

Hay temas rescatables, problemas verdaderos, se deben buscar las soluciones para combatir ciertos flagelos, pero también se deberían estar discutiendo los pequeños cambios que ayuden al fortalecimiento del Estado de Derecho, casi inexistente en Guatemala, que es el presupuesto indispensable para atraer inversión que genere genuino desarrollo económico que le permita a los jóvenes accesar a un empleo estable por medio del cual mejorarán sus condiciones de vida y las de sus familias.

 

Danilo Carías- JuventudMCN

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