¿Qué está pasando con el proceso electoral? ¿Cómo va el proceso de licitación para el sistema informático? El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recientemente publicó unos términos de referencia o bases para la “implementación del modelo tecnológico para el desarrollo del proceso electoral 2023”, recibiendo una oferta que fue rechazada. Las bases fueron publicadas nuevamente en octubre, pero divididas en seis, organizadas de acuerdo a diferentes momentos del proceso. Desde el inicio se observó la posibilidad de que el nuevo modelo tecnológico pudiera alterar, sustancialmente y de fondo, el modelo electoral del país y poner en alto riesgo la confiabilidad que la ciudadanía aún tiene en el proceso.
Los principales puntos vulnerables encontrados en los términos de referencia son:
- El nuevo procedimiento de identificación del votante previo al ejercicio del sufragio, en conjunto con los equipos y sistemas requeridos para el efecto.
- La vulneración de la cadena de custodia del voto y los resultados por el procedimiento indicado para la transmisión de resultados de las JRV al TSE, sin que exista digitación de resultados en los centros de votación.
Proceso electoral con modificaciones
En la práctica se sustituye un procedimiento de validación de identidad del votante que no ha dado problemas durante décadas, por uno nuevo que no ha sido previamente probado en el país. Las modificaciones previstas al procedimiento, además de que lo alteran en su esencia, no se encuentran fundamentadas en ley. Y la implementación de las modificaciones se haría en un único momento en todo el país generando el riesgo de que muchos ciudadanos vean impedido su derecho al voto al no poderse validar su identidad por cuestiones técnicas y/o de arquitectura de bases de datos, quedando duda sobre la custodia y privacidad de la información del votante.
¿Y las Juntas Receptoras de Votos?
El escrutinio y cómputo de los votos es una responsabilidad exclusiva de las JRV que quedan disueltas en cuanto hacen entrega de sus materiales electorales. Es de vital importancia el procedimiento que han venido realizando las JEM (especialmente de Guatemala) y la JEDC al verificar la digitación de resultados, ya que luego del los datos que trasladan las JRV a las JEM y estas a las JED, deben salir los resultados finales que serán entregados al TSE según la ley.
Sin embargo, conforme a lo que dicen las bases, los datos ya no serán digitados en presencia de los Presidentes de las JRV previo a su disolución y por ende no podrían modificarse en caso de dificultad en su lectura o de encontrarse errores de cálculo, además de que se pierde la custodia de los votos y la trazabilidad de resultados. Las JEM y JED tendrían que depender de los resultados que el TSE compute, con base en actas que no tuvieron una verificación en el momento adecuado.
Recomendamos al Tribunal Supremo Electoral:
- Desistir de realizar las adquisiciones previstas para evitar modificar el proceso que ha funcionado exitosamente por décadas y cuenta con la confianza ciudadana, así como el respaldo y admiración de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.
- Asegurar que el proceso electoral 2023 se lleve a cabo siguiendo el procedimiento establecido en ley, partiendo del desarrollo conjunto TSE y ciudadanos con experiencia, de un manual de procesos y procedimientos electorales que no existe como base para el trabajo de las JED, JEM y JRV.
- Realizar de forma libre y transparente los procesos de adquisición que sean estrictamente necesarios para desarrollar el proceso electoral 2023 fundamentados en ley, siguiendo los procesos y procedimientos establecidos y acorde de un estudio de costo-beneficio. Tomando en cuenta a empresas que cuenten con las condiciones técnicas requeridas y cuya participación no genere desconfianza en los procesos.
- Prestar inmediata atención a la integración de las Juntas Electorales y garantizar que estén compuestas por personas idóneas que cuenten con los requisitos de ley, las competencias y experiencia que la responsabilidad de la organización del evento electoral requiere.
Si los cambios se hacen…
En caso de que el TSE optara por continuar con los procesos de adquisición actuales, sería al menos necesario estudiar (con datos y muestreos de elecciones anteriores) la dimensión real de los problemas que este gasto buscaría resolver o si únicamente incorporaría más complejidad al proceso. Además de evaluar a nivel de procesos si es viable y conveniente la implementación de los equipos y sistemas digitales planteados. Y sobretodo, asegurar que la introducción de la nueva tecnología se ajuste al marco legal vigente.
Los procesos y procedimientos tomados de la ley y utilizados desde hace varias elecciones, además de ser totalmente transparentes, respetan la secretividad del voto, son más econónmicos que el propuesto, son más agiles al momento de presentar resultados preliminares, permiten la trazabilidad del voto y de los resultados desde el nivel de las JRV.
Y por si todo esto fuera poco, promueven el civismo de las personas que se ven involucradas como voluntarios en las diferentes fases del proceso electoral.
