Justicia en Guatemala 2020

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La justicia es un tema que nos atañe a todos los ciudadanos. Es el Organismo Judicial, a través de distintos mecanismos, el poder que cuenta con las herramientas para que muchos de nuestros conflictos se resuelvan de manera pacífica. Es necesario que la justicia en Guatemala sea objetiva, independiente y eficiente. 

En el año 2019 había una oportunidad de mejorar la administración de la Justicia. Era la elección de nuevos magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones un paso hacia una Justicia Limpia. Esto implicaba una tarea fundamental pues debían elegirse los candidatos más idóneos y responsables para garantizar la existencia de un Estado de derecho. Sin embargo, la elección de magistrados se estancó y todavía no se ha dado una alternabilidad en los cargos del poder judicial. 

Un sistema judicial independiente y objetivo es condición necesaria para un Estado de derecho. Este es es aquel en donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y hay protección de arbitrariedades de los funcionarios públicos.  Es importante para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. También garantizar la seguridad jurídica para el desarrollo del país.

El año pasado Guatemala ocupaba el puesto 96 de 126 países en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP). 

Este índice mide cuantitativamente el Estado de derecho de 128 países al tomar las percepciones del público en general y de expertos en el tema a través de encuestas y cuestionarios.

Como consecuencia de las deficiencias y los retos a la administración de la justicia, para el 2020 Guatemala empeoró. Actualmente el país ocupa el puesto 101 de 128 países. 

Estado de Derecho y Justicia

Para el WJP el Estado de derecho es un sistema de reglas que engloba cuatro principios universales:

  1. Rendición de cuentas 
  2. Leyes justas
  3. Gobierno abierto 
  4. Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas 

Este 2020, Guatemala obtuvo una puntuación de 0.45 (1 es la puntuación más alta posible). En comparación con el año pasado, el puntaje del país cambió -0.01 y bajó tres lugares en el ranking. 

En cuanto al ranking regional, Guatemala ocupa el puesto 25/30. 

La constante puntuación tan baja de Guatemala se debe a un mal desempeño en los ocho factores que mide el índice (límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal). De esos factores resaltamos los siguientes aspectos. 

Datos y retos para la administración de justicia

Corrupción

La ausencia de corrupción, específicamente en el sector justicia es de .45 o 45% lo cual significa que todavía hay abuso de funciones para beneficios propios, e incentivos perversos como sobornos o pagos informales. 

Por otro lado, el reciente Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción sitúa a Guatemala en el ranking 11 de 15 en la región. El país tiene una puntuación de 4.04 en una escala donde 10 es lo más alto. 

Derechos fundamentales

Los derechos individuales de todos los guatemaltecos deben respetarse y garantizarse a través de la justicia. La puntuación de Guatemala es de 0.54 o 54%. Se tuvo una disminución en este factor en comparación al 2019.

Justicia en el país

La justicia civil, que es medida por el acceso de la población a las cortes o si las personas saben sobre los mecanismos disponibles para resolver disputas, alcanza el 0.37 o 37%. Se ha mantenido igual que en el último año.

A la vez, la justicia penal tiene un puntaje de 0.30 o 30%. Esto muestra la inefectividad del sistema para investigar, ser puntuales para impartir justicia y respetar el debido proceso. Añadido a ello, el respeto al debido proceso está por debajo de la media regional. Solamente alcanza el 29%.

Una vez más, el WJP evidencia que Guatemala carece de muchos aspectos que sustentan el buen funcionamiento de cualquier república. 
A agosto del 2020 todavía se está a la espera que se elijan a candidatos idóneos para un sistema de justicia que necesita jueces y magistrados que estén comprometidos con el fortalecimiento del Estado de derecho. Si la incertidumbre jurídica continua, imposibilita establecer un Estado de derecho con reglas claras y apropiadas para el desarrollo del país. Es necesario continuar velando por que la elección de las altas magistraturas sea transparentes, libre de influencias particulares y que se elijan a los candidatos más capaces e independientes.

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