La justicia en Guatemala

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En una República la justicia es objetiva y eficiente. No responde a poderes ni intereses. En el año 2019 Guatemala enfrenta una oportunidad de mejorar la administración de la Justicia con la elección de nuevos magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Esto representa un paso importante para que quiénes sean electos a las más altas magistraturas sean idóneos y responsables para garantizar que exista un Estado de derecho.

Actualmente Guatemala ocupa el puesto 96 de 126 países en el índice de Estado de derecho elaborado por el World Justice Project(WJP). Este índice mide cuantitativamente el Estado de derecho de 126 países tomando en cuenta las percepciones del público en general y de expertos en el tema a través de encuestas y cuestionarios. 

¿A qué se refieren con Estado de derecho?

Una República Democrática funcional reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza. El Estado de Derecho es un requisito indispensable en una República Democrática “El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, además que funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales.[1]

Para el WJP el Estado de derecho es un sistema de reglas que engloba cuatro principios universales:

  1. Rendición de cuentas 
  2. Leyes justas
  3. Gobierno abierto 
  4. Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas 

La puntuación tan baja de Guatemala (0.46 en una escala en la cual 1 es lo más alto) se debe a la combinación de los ocho factores que mide el índice, entre los cuales resaltamos los siguientes aspectos.

Datos y retos para la administración de justicia

La ausencia de corrupción, específicamente en el sector justicia es de .48 o 48%, lo que significa que aun existen funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios propios o privados a través de sobornos, pagos informales o incentivos perversos. Es necesario que la justicia sea objetiva y que no responda a intereses de poder político para acabar con la corrupción. 

Es importante que la justicia respete los derechos individuales de los guatemaltecos. La puntuación de Guatemala es de 0.55 o 55%, por lo que se necesita avanzar para que toda la población sea tratada sin discriminación, que se respete el derecho a la vida, a la libertad de expresión, religión y asociación, como también el derecho al debido proceso.

La justicia civil, que es medida por el acceso de la población a las cortes o si las personas saben sobre los mecanismos disponibles para resolver disputas, alcanza el 0.37 o 37%. Esto muestra la baja efectividad de la justicia civil para ser accesible, eficaz y libre de corrupción para resolver controversias 

https://www.mcn.org.gt/justicia

La justicia penal tiene un puntaje de 0.32 o 32%, mostrando la inefectividad del sistema para investigar, ser puntuales en la impartición de justicia y respetar el debido proceso. Para Guatemala el enfoque necesario es que se respeten todos los derechos de los acusados. El debido proceso solamente llega al 40%, algunas veces violentado por venganzas ideológicas. 

Lo evidenciado por el WJP es que Guatemala carece de muchos aspectos que sustentan el buen funcionamiento de cualquier república. Necesitamos fortalecer la primacía de la ley, que esta sea aplicada por igual a todos y que sea accesible en todos los rincones del país. También es necesario continuar los esfuerzos para que la administración de justicia sea transparente y que haya publicidad de los actos, que las cosas se resuelvan frente a los ojos de la ciudadanía y no en secreto.

Las próximas comisiones de postulación para elegir a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones serán en el 2019 la oportunidad perfecta para fiscalizar la transparencia, objetividad y efectividad de los procedimientos en el país. Su importancia incluye que los proceso sigan lo establecido por ley, pero también que estén libres de influencias políticas o intereses personales y que el resultado de ambas comisiones sean nóminas con candidatos idóneos para un sistema de justicia que necesita jueces y magistrados que aporten a fortalecer el Estado de derecho, no a destruirlo.

Si queremos que Guatemala no ocupe los peores puestos en los indicadores de Estado de derecho y justicia, debemos velar por que los procesos de selección de los cargos importantes en el Organismo Judicial sean transparentes y limpios. Además, que quienes busquen ejercer cargos en las cortes llenen los requisitos y tengan las capacidades establecidas por la ley. 


[1]

World Justice Project. (2018). Índice de Estado de Derecho 2017-2018. Washington DC.

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