Desde el Movimiento Cívico Nacional abrimos un espacio para conversar sobre uno de los asuntos que más impacto tiene en el futuro institucional del país: el Ministerio Público. Esta vez, el enfoque fue discutir qué sucedió en el proceso de elección de nuevo Fiscal General, que llevó a la designación de Gabriel García por parte del Presidente Arévalo. Así como las oportunidades y desafíos que tendrá esta institución para ser más técnica, independiente y sostenible en el tiempo. A través de una exposición a cargo del licenciado César Sigüenza reflexionamos sobre los desafíos estructurales del proceso de elección. Posteriormente, en un panel con enfoques diversos, se abordó la necesidad de fortalecer la institucionalidad y los retos que enfrenta el MP en un contexto marcado por nuevas demandas tecnológicas y ciudadanas.
El panel contó con la participación de Mario Rosales, Francisco Quezada, Cynthia Ocampo y Christa Walters, quienes abordaron distintos desafíos relacionados con la independencia institucional y la necesidad de construir una institucionalidad más sólida. Uno de los ejes centrales de la conversación fue la urgencia de contar con una política criminal clara, explícita y medible, que defina prioridades de persecución penal y reduzca los márgenes de discrecionalidad. Los panelistas coincidieron en que el MP no puede seguir operando con criterios implícitos, donde las prioridades se infieren a partir de los casos, sino que debe establecer lineamientos transparentes que permitan evaluar su desempeño.
Otro de los puntos discutidos sobre el proceso de elección, a través del modelo de comisiones de postulación fue cuestionarnos: "¿cómo se verifica que lo que se evalúa es comprobable de una forma rigurosa?", especialmente porque los procesos de selección parecen reiniciarse desde cero cada vez que se elige una nueva autoridad y no hay estándares para evaluaciones verdaderamente exigentes. Durante el conversatorio se señaló que la ley de las comisiones de postulación data de 2009 y que, hasta la fecha, no ha sido evaluada o actualizada de manera integral. Aunque actualmente existen mayores estándares de transparencia, todavía persisten problemas como la amplitud excesiva de las evaluaciones y la falta de mecanismos claros para verificar objetivamente los criterios utilizados. También se discutió la necesidad de establecer etapas más definidas dentro de los procesos y de impulsar reformas generales que eviten que los procesos se vean influidos por intereses externos de cualquier tipo.
« La pregunta no es quién ganó, sino qué podemos exigirles a los funcionarios, independientemente de quién esté enfrente: más allá de quejarnos, debemos exigir con fundamento» (Walters 2026).
Otro de los temas centrales fue la importancia de fortalecer la independencia del Ministerio Público y evitar que la justicia funcione de manera selectiva. Christa Walters destacó que el debate no debía centrarse únicamente en "quién ganó" la elección de Fiscal General, sino en qué puede exigir la ciudadanía a las autoridades, independientemente de la persona que llegue al cargo. En esa línea, se remarcó que las instituciones no pueden depender únicamente de quienes las dirigen, sino de reglas claras, procesos sólidos y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
Asimismo, el panel abordó los nuevos desafíos tecnológicos que enfrenta el sistema de justicia. Se señaló que "estamos ante un monstruo tecnológico" y que Guatemala necesita modernizarse para dar pasos adelante en materia tecnológica e inteligencia artificial. Los participantes coincidieron en que el relacionamiento del fiscal general con la tecnología será cada vez más importante para enfrentar nuevas formas de criminalidad, fortalecer capacidades de investigación y modernizar el funcionamiento institucional.
Finalmente, Pablo Escobar Guerra dió un mensaje de reflexión sobre la necesidad de dejar atrás la polarización constante entre instituciones y construir mecanismos que generen mayor estabilidad y confianza. Por ello, más allá de la coyuntura política, desde el MCN buscamos promover una ciudadanía capaz de exigir reformas con fundamento técnico y compromiso con el fortalecimiento institucional de Guatemala.