La justicia es el mecanismo utilizado para garantizar el cumplimiento de los derechos, libertades y deberes de todos los individuos dentro de una sociedad. El flujograma de justicia en Guatemala está conformado por seis instituciones que interactúan y conforman el sistema de justicia en el país. Estas instituciones son: la Policía Nacional Civil —PNC—, el Ministerio Público —MP—, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses —INACIF—, el Instituto de la Defensa Pública Penal —IDPP—, el Organismo Judicial —OJ— y el Sistema Penitenciario —SP—. Sin embargo, existen otras instituciones que también participan en la toma de decisiones en casos de justicia civil y penal, como la Corte Suprema de Justicia —CSJ— y la Corte de Apelaciones —CA—, que forman parte del organismo judicial.
En 2021 se realizó un análisis del sistema de justicia en Guatemala, en el que se estableció que la ausencia de elecciones de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en 2019 atentó contra uno de los principios republicanos más importantes, la alternancia en el poder.
El 13 de mayo de 2019, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el congreso debía realizar una elección de nuevos magistrados idóneos para asegurar el Estado de derecho. Aunque el proceso de elecciones debió llevarse a cabo el mismo año, se dio un estancamiento que impidió la alternancia en el poder.
Para asegurar el Estado de derecho en Guatemala es importante que exista un sistema de justicia independiente e imparcial. El funcionamiento efectivo de este asegura la igualdad ante la ley de todos los individuos, así como la ausencia de arbitrariedad en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Un Estado de derecho limpio permite la protección de los derechos y libertades constitucionales de los guatemaltecos.
¿Cómo es el Estado de derecho en Guatemala?
Para medir el Estado de derecho de Guatemala en 2023, se utilizó el Índice de Estado de derecho del World Justice Project —WJP—.
El WJP estudia el Estado de derecho de 142 países y territorios independientes alrededor del mundo. La forma de medición es de 0.00 a 1.00, en la que 0.00 representa falta de cumplimiento con el Estado de derecho, y 1.00 cumplimiento íntegro a este. El WJP considera Estado de derecho el cumplimiento de cuatro principios fundamentales:
- Rendición de cuentas;
- leyes justas;
- gobierno abierto; y
- mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
Para 2023, Guatemala obtuvo una valoración de 0.44, puntuación que se ha mantenido desde 2021, y un ranking de 111 sobre los 142 países, de los cuales 1 es el de mejor puntuación y 142 el de puntuación más baja.
En la región, América Latina y el Caribe, Guatemala tiene la posición 26, sobre 32 países.
La baja puntuación de Guatemala frente al mundo se debe a la baja puntuación y desempeño de los ocho factores tomados en cuenta para la medición:
- Limitaciones a los poderes del gobierno, 0.49/1;
- ausencia de corrupción, 0.34/1;
- gobierno abierto, 0.52/1;
- derechos fundamentales, 0.53/1;
- orden y seguridad, 0.59/1;
- cumplimiento regulatorio, 0.40/1;
- justicia civil, 0.33/1; y
- justicia penal, 0.30/1.
Datos y retos para la administración de justicia en Guatemala
Corrupción
La medición de corrupción a lo largo del estudio presenta una de las mayores amenazas para el Estado de derecho. En los factores de “ausencia de corrupción” y “justicia penal”, en los que el país cuenta con puntuaciones menores al promedio mundial y regional. Esto refleja la presencia de abuso de poder por beneficencia personal en forma de sobornos y pagos informales.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción —CCC— 2023 sitúa a Guatemala en el ranking regional como 13/15 con una valoración de 2.86 sobre 10, 10 siendo la puntuación más alta.
Derechos fundamentales
Garantizar los derechos y libertades individuales es de alta importancia para un mejor Estado de derecho. La mejor forma de lograr esto es mediante un sistema de justicia independiente, efectivo e imparcial. Guatemala tiene una puntuación de 0.53/1, valor que se ha mantenido desde 2021.
Justicia en Guatemala
La justicia civil, con una puntuación de 0.33/1 ha disminuido levemente desde el año 2020. Esto indica que el acceso de la población a las cortes de justicia y el conocimiento de los mecanismos disponibles para la resolución de disputas en el país alcanza solamente el 33%.
El factor de justicia penal tiene una puntuación de 0.30/1, incrementando dos decimales desde el último año. Pese a la mejora, el valor afirma el espacio de mejora que existe para solucionar la inefectividad en las investigaciones, el respeto al debido proceso y la imparcialidad para impartir justicia.
Conclusiones
El análisis del WJP permite evidenciar que Guatemala carece de efectividad en el sistema de justicia, sistema que permite el buen funcionamiento de una República.
Para noviembre de 2023 aún no existe una resolución sobre la elección de candidatos idóneos para la CSJ y la CA, es decir, existe un retraso de cuatro años a partir de la fecha en la que se debió haber llevado a cabo el proceso.
Los ciudadanos actualmente continúan a la espera de jueces y magistrados comprometidos con el fortalecimiento de la República y el cumplimiento del Estado de derecho. Esta demora imposibilita un Estado de derecho con reglas claras y, por tanto, el desarrollo del país y sus ciudadanos.
Es necesario que todos los ciudadanos velemos por la elección de las altas magistraturas y su transparencia, libre de influencias particulares, y de elecciones con candidatos independientes e idóneos para el cumplimiento del Estado de derecho.