Para el WJP, el Estado de Derecho es un sistema de reglas que se basa en cuatro principios: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Por eso, el índice del WJP es una herramienta valiosa para entender la situación de un país en términos de justicia, transparencia, seguridad y derechos fundamentales. A través de este informe, no solo podemos saber en qué posición se encuentra Guatemala, sino también qué aspectos necesitan atención urgente para fortalecer nuestras instituciones y construir una verdadera república.
Datos Generales sobre Guatemala
Para el año 2024, Guatemala obtuvo una valoración de 0.44 sobre 1.00, cifra que se mantiene estable desde 2021; esta puntuación refleja un desempeño moderado, claramente por debajo de estándares ideales. En el ranking global que evalúa a 142 países, Guatemala se ubicó en el puesto 107, mejorando cuatro posiciones respecto al año anterior (ocupaba el 111).
A nivel regional, en América Latina y el Caribe, Guatemala se posicionó en el lugar 25 de 32 países. Esto indica que, aunque ha logrado una pequeña recuperación mundial, aún se encuentra debajo en comparación con muchos de sus vecinos.
Aunque Guatemala subió cuatro posiciones en el ranking global, los puntajes por categoría muestran que los desafíos estructurales persisten. En una escala de 0 a 1 (donde 1 es el mejor desempeño), el país obtuvo:
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1. Limitaciones al poder del gobierno: 0.49
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2. Ausencia de corrupción: 0.34
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3. Gobierno abierto: 0.53
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4. Derechos fundamentales: 0.53
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5. Orden y seguridad: 0.60
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6. Cumplimiento regulatorio: 0.42
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7. Justicia civil: 0.34
- 8. Justicia penal: 0.30
¿Cuáles son las principales debilidades?
Los datos muestran que los mayores retos para Guatemala están en tres áreas clave: justicia penal, justicia civil y ausencia de corrupción. Con puntuaciones de 0.30, 0.34 y 0.34 respectivamente, estas dimensiones reflejan una falta de confianza en el sistema judicial, tanto para resolver conflictos entre ciudadanos como para sancionar delitos de forma efectiva. En justicia penal, por ejemplo, el Ministerio Público reporta que la impunidad en delitos como el homicidio supera el 90%, lo que significa que 9 de cada 10 casos no se resuelven con una sentencia. En justicia civil, un juicio puede tardar entre 4 y 6 años en resolverse, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado, lo que representa un acceso limitado a la resolución de conflictos. En cuanto a corrupción, según el Latinobarómetro, el 72% de los guatemaltecos cree que la mayoría de los funcionarios públicos son corruptos, una percepción persistente que debilita la confianza en las instituciones. Estas debilidades no solo afectan la vida cotidiana de las personas, sino que también dañan la legitimidad del Estado y obstaculizan el fortalecimiento de una verdadera República. El bajo puntaje de Guatemala en el World Justice Project refleja con claridad la profunda crisis institucional que atraviesa el país. Estas fallas no solo se sienten en el día a día de las personas, sino que también debilitan al Estado. Al final, el bajo puntaje de Guatemala en el World Justice Project muestra con claridad los desafíos institucionales que todavía están pendientes por resolver.
Conclusión
En este contexto, más allá de un simple índice, el informe del World Justice Proyect nos pone frente a una realidad que no podemos seguir ignorando: las instituciones no están funcionando como deberían, y eso debilita tanto el respeto por la ley como la confianza ciudadana. La falta de certeza jurídica, los procesos interminables y la impunidad no solo afectan la vida diaria de los ciudadanos, también frenan el crecimiento del país y debilitan las bases de una verdadera República. Si queremos un país donde la ley se cumpla y se respete la propiedad privada, tenemos que tomarnos en serio nuestras instituciones: apoyarlas cuando funcionan y exigir reformas cuando no. Ya es momento de dejar los discursos y pasar a la acción.