El 30 de noviembre de 2023 el Pleno del Congreso de la República aprobó el Presupuesto General 2024 (decreto 18-2023), el cual representa el presupuesto disponible para el siguiente gobierno.
Actualmente, el presupuesto del país es de Q.115,443.7. La aprobación para 2024 asciende a Q.124,879,970. Además de un considerable aumento, este decreto disminuye la cantidad destinada para la inversión.
Amenazas a la República por la aprobación presupuestaria
El presupuesto aprobado asegura la cantidad designada para diferentes entidades del Estado, sin embargo, existen cambios que pueden aumentar y facilitar la corrupción, y desestabilizar a la República por una falta en el cumplimiento de sus principios.
Algunos principios republicanos se pueden ver amenazados debido a la aprobación del decreto 18-2023 son:
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● Frenos y contrapesos
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● Imperio de la ley
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● Transparencia de los actos de gobierno
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● Limitación del poder público
Esto se debe a que los gobernantes se ven limitados por lo que la ley indica, por lo que la aprobación del Presupuesto General puede abrir puertas para la modificación de los comportamientos de entidades públicas, tanto electas como no electas. Esto quiere decir que existirá violación de los límites al poder público al restringir los medios para fiscalizar o trazar la calidad del gasto, lo cual es perjudicial para la transparencia de los actos de gobierno y se puede traducir en actos corruptos.
¿Qué es el veto?
El presupuesto de un gobierno es seleccionado y aprobado por el Congreso. Esto quiere decir que la legislatura actual (IX) determina la disponibilidad presupuestaria que tendrá el gobierno que toma posesión el 14 de enero de 2024.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que, aunque el Congreso (poder legislativo) es el responsable de crear leyes y adecuar el presupuesto del Estado como considere, el presidente de la República tiene el poder de oponerse ante una ley o decreto que el Congreso envía para su promulgación. Es decir, el presidente puede vetar una ley o decreto que puede afectar el funcionamiento institucional y afectar a los ciudadanos de un país.
En Guatemala, el derecho a veto se encuentra en la Constitución de la República de Guatemala. Artículos como el 177 y el 179 indican los plazos para llevar a cabo la sanción, promulgación, reconsideración, publicación o rechazo por parte del poder ejecutivo.
El presidente debe vetar el presupuesto aprobado para 2024… ¿por qué?
La Comisión del Congreso aprobó cambios presupuestarios que pueden alterar el funcionamiento del próximo gobierno electo.
La aprobación del Presupuesto General 2024 quita recursos presupuestarios a instituciones que proveen servicios esenciales a la población, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Gobernación. A partir de estas decisiones parece haber una preferencia para el funcionamiento del Estado y no a atender las necesidades de los guatemaltecos. más bien una inclinación hacia satisfacer intereses políticos individuales de determinadas entidades gubernamentales.
El veto del decreto 18-2023 puede implicar que el siguiente gobierno se vea en la obligación de usar el presupuesto vigente para el año 2023, en vez de tener la posibilidad de ampliarlo para ejecutar sus proyectos y planes de gobierno específicos.
Algunas razones por las que se solicita el veto…
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● Normativas imprecedentes que limitan la capacidad del poder ejecutivo de llevar a cabo proyectos
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● Retiro de presupuesto para entidades esenciales (e.j. MINEDUC y MSPAS)
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● Incremento en presupuesto a entidades públicas (e.j. MP y OJ)
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● Programas de protección o seguridad a la ciudadanía se ven amenazados por el financiamiento presupuestado por bonos.
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● Limita la contratación de medios de comunicación que no tengan cobertura nacional y gratuita.
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● Un porcentaje del presupuesto está dirigido a ONGs, lo que puede significar una justificación para ejecución de obras con objetivos políticos individuales.
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● Falta de razonamiento respecto a los cambios presupuestarios para Ministerios (como MIDES y MINGOB) y para entidades burocráticas (como SAT y RENAP).
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● No fue reintegrado el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, por lo que el déficit fiscal sería de cerca del 2% del PIB.
Solo los valientes luchan por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos
Es esencial que todos los guatemaltecos estemos al tanto, día a día, de qué está pasando en Guatemala y cómo puede afectar a la República.
Existen preceptos constitucionales que determinan qué debe pasar y cómo se debe llevar a cabo el proceso de transición para garantizar el cumplimiento de los principios republicanos que defienden y protegen los derechos y libertades de todos los ciudadanos. La obstaculización del proceso de transición presenta un riesgo para lograr estos objetivos.
Si quieres conocer más sobre el proceso de transición, visita la nueva pestaña de MCN: “De la Elección a la Transición” que fiscaliza todas las acciones del poder público para asegurar la toma de posesión de las autoridades electas el 14 de enero a las 14:00 horas.
¡Guate necesita más valientes para que mantengamos viva la República!