Solicitud ciudadana de evaluación de los errores del proceso electoral 2019 en Guatemala que causan descontento ciudadano con la Democracia y con el TSE.

El último proceso electoral del 2019 fue para muchos guatemaltecos uno de los peores procesos electorales de la era democrática el país.  Hemos identificado distintos desafíos que se desarrollaron a lo largo del proceso y que deben ser revisados para contar con un diagnóstico claro sobre la causa de estos problemas en el sistema electoral guatemalteco. Esto con el objetivo de continuar fortaleciendo uno de los pilares de nuestra república democrática: el sistema electoral a través de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Sin embargo, antes de plantear reformas propositivas es necesario revisar y ventilar las cuestiones o dudas sobre el último proceso electoral. 

Humanizar la política

El sistema electoral guatemalteco tiene un grave problema y es la desconexión que existe entre ciudadanía y representantes. Es alarmante que 7 de 10 ciudadanos en Guatemala creen que la Democracia tiene graves problemas.

Las reglas del sistema electoral, que tienen un gran impacto en la deben estar diseñadas para el ciudadano; al rededor de la participación ciudadana, con los mecanismos adecuados de control del poder público.

Por esto, más de 1,500 ciudadanos presentamos una solicitud para una revisión formal de los errores ocurridos durante el proceso electoral 2019 en Guatemala.

El artículo 256 Ter de la LEPP indica que: 

“Las organizaciones sociales, académicas y políticas, podrán presentar sus propuestas a la Comisión. 

 El Tribunal Supremo Electoral, de ser procedente presentará la correspondiente iniciativa de ley, ante el Congreso de la República, quien tendrá que conocer de las mismas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva legislatura.“

Por lo tanto, la CAME debe llevar a cabo una evaluación seria e identificar los problemas del pasado proceso electoral. Así lo exigen las más de 1,500 ciudadanos que firmaron la petición para una revisión del proceso electoral. 

Recuento de Hechos Perjudiciales para la percepción democrática durante el proceso electoral 2019 

• Errores en el sistema de cómputo para la presentación de resultados electorales.

En junio del 2019, Gustavo Castillo, jefe de la Dirección de Informática del TSE dijo que hubo errores en el sistema de conteo de votos. Los problemas eran relacionados a la digitalización de actas y la  duplicidad de datos y que por esas razones habían decidido congelar las bases. Como consecuencia vimos la preocupación de la población en cuanto al manejo adecuado de sus votos.

Al día de hoy, no existe una respuesta sobre por qué se cambio el software del conteo de votos así como tampoco cuál fue la causa de este error.

• Censura a medios de comunicación.

Atentando contra la libertad de expresión y limitando la capacidad de debatir o articular propuestas, el pleno de magistrados del TSE aprobó en marzo del 2019 un reglamento que impedía que los medios de comunicación realizaran foros, debates, y entrevistas a los candidatos sobre temas no incluidos en un listado ya definido. Este acuerdo fue altamente criticado por su evidente censura ya que claramente impedía a los medios de comunicación llevar a cabo foros y debates. Se buscaba que la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión fuera quien autorizara las actividades propuestas por medios y los temas a discutir para dar a conocer las opiniones y propuestas de candidatos. 

El MCN presentó el 11 de marzo una acción constitucional de amparo por la amenaza de violación al derecho de libertad de expresión contra los magistrados del TSE. A pesar de que unos días después fue revocado el reglamento emitido, la amenaza de censura a la libertad de expresión todavía era latente. 

• Judicialización de las candidaturas de parte de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y el TSE. 

Un claro ejemplo de esto fue el caso de Zury Ríos. En el 2015 la Corte Suprema de Justicia dijo sí a la candidatura de Zury Ríos cuando el Registro de Ciudadanos habían dicho no y al final la Corte de Constitucionalidad la amparó provisionalmente. En las elecciones pasadas, del 2019, la historia cambió y la candidata no fue amparada por la CC y tampoco registrada en el TSE. Esto demostró un tira y encoge entre estas instituciones, pues tenían distintos argumentos para aceptar o rechazar la inscripción de Zury Ríos como candidata. Por un lado estaba la restricción constitucional del artículo 186 pero también el argumento que es un derecho humano poder elegir y ser electo. 

• Inscripción de diputados tránsfugas como candidatos a reelección.

La LEPP claramente señala, en el artículo 205 Ter,  la prohibición de inscripción de tránsfugas. Sin embargo fueron inscritos varios diputados tránsfugas. En concordancia con la disposición vigente, el MCN interpuso un amparo contra la inscripción de de diputados considerados tránsfugas. Al inscribir a diputados tránsfugas se violaron los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y de legalidad de una reforma a la ley electoral realizada en el año 2016.

• Contratistas inscritos y adjudicados en cargo

Por un lado la Ley Electoral establece que no pueden ser inscritos como diputados los contratistas del Estado, mientras que la Constitución de la República establece que no pueden asumir como legisladores. A pesar de estas dos prohibiciones el TSE inscribió a 32 candidatos que eran contratistas del Estado y cuatro de ellos son ahora diputados.  

• Amenaza de los magistrados contra quienes alegaron que hubo Fraude Electoral.

A pesar de que no existe ningún delito o falta en la expresión del pensamiento, el TSE analizó denunciar a quienes expresaron que hubo fraude electoral. Esto supuso otra amenaza contra la libertad de expresión pues el TSE y sus magistrados no eran capaz de recibir críticas, aún cuando estas fuesen tan radicales alegando que hubo fraude. No obstante, la Constitución de la República indica en su artículo 35 que “no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuado en el ejercicio de sus cargos.”

• Falta de revisión de informes de gastos de campaña.

Dada la normativa de obligar a los partidos políticos describir todos los aportes recibidos de sus simpatizantes, estos trataron de estirar el techo presupuestario impuesto al reportar gastos por debajo de su precio real. Los partidos trataron de reportar la menor cifra de gastos posible en sus informes. Sin embargo el TSE solamente recibía esos informes y debió realizar auditorías profundas para saber si la información reportada por los partidos era verídica. Esto además de la no utilización el mecanismo cuentas claras por parte de todos los partidos políticos.

• La mala regulación de la pauta electoral en medios de comunicación por parte del TSE. 

Tanto los medios de comunicación como los partidos políticos manifestaron su inconformidad por las regulaciones de la pauta electoral. Debido a los procesos engorrosos y contradictorios de la LEPP, muchos medios de alcance nacional y con gran cobertura no se registraron ante el TSE.  Al tratar de igualar las condiciones de los partidos políticos en cuanto a la pauta, el resultado real fue poner en desventaja a los votantes. Como consecuencia hubo un desconocimiento ciudadano de la oferta electoral. 

• La inaccesibilidad a las resoluciones emitidas por el TSE. 

En marzo del 2019 el MCN solicitó al Registro de Ciudadanos hacer público el criterio utilizado para rechazar en algunos caso y aceptar en otros la inscripción de ciertos candidatos a diputados. Esto con el objetivo de tener elecciones claras y reglas claras dado que no se hizo público un criterio uniforme y coherente de la aplicación del artículo 205 Ter de la LEPP sobre transfuguismo. El MCN solicitó conocer al razonamiento de las autoridades para permitir la participación de candidatos tránsfugas en dos ocasiones, sin embargo el TSE no fue capaz de proveer públicamente información sobre el tema. Se demostró la falta de voluntad de las autoridades de ejercer sus facultades en el mejor interés de la ciudadanía. 

• La contradicción entre Magistrados del TSE sobre la interpretación de la validación del voto nulo.

Se manifestaron dos posturas en cuanto al voto nulo. Por un lado la magistrada María Eugenia Mijangos decía que los votos nulos únicamente tendrán validez si alcanzaban el 50%+1. No obstante, por otro lado el magistrado Julio Solórzano interpretaba que el voto nulo sí se contabilizaban como votos válidos aunque no llegaran al 51%. Ante esto, a dos días de las elecciones el TSE no había emitido una postura clara sobre cómo utilizar el voto nulo. 

• La ausencia del registrador de ciudadanos Leopoldo Guerra quién se retiró antes de finalizar el proceso electoral.

Uno de los funcionarios clave en el TSE se ausentó durante las etapas más críticas del proceso electoral. Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos abandonó el país y Omar Gereda Franco tuvo que ocupar temporalmente las funciones de Guerra. Además, antes de su retiro, fue criticado por llevar a cabo inscripciones “expres” al no tomar en cuenta errores en las solicitudes de inscripción u otras que no avanzaban.

Evaluación para reformar adecuadamente 

Recordemos que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es una de las más importantes en nuestro sistema republicano, pues garantiza los mecanismos para elegir a dos de los tres poderes del Estado y mantener la tan importante división de poderes. Sin embargo, los problemas existentes demuestran que deben haber cambios para seguir construyendo una democracia sana. Estos cambios son imposibles sin antes identificar los problemas, falencias y sus causas.  Por ello la evaluación del proceso electoral 2019 antes de pasar a las reformas a la LEPP que son tan necesarias. Esta revisión debe ser crítica, profunda y no es agotada únicamente a través del conocimiento de cifras generales del proceso electoral; que si bien dichas cifras son importantes no son suficientes para un diagnóstico real de la práctica del sistema electoral aplicando las reglas electorales vigentes.

El Movimiento Cívico Nacional exige a las autoridades de la CAME realizar un diagnóstico en conjunto con las organizaciones que participan en ella, utilizando como inicio la presentación realizada durante su primera sesión, de tal manera de atender integralmente la naturaleza de la CAME para evaluar correctamente lo sucedido en el proceso electoral del 2019. Esto con el objetivo de entender qué legislación electoral no está adecuada a la realidad guatemalteca y a la expectativa ciudadana de un modelo democrático republicano que señala nuestra Constitución de la República.

Este proceso de la CAME terminará y las recomendaciones serán entregadas al Congreso de la República, quienes tienen la importante responsabilidad de mejorar el sistema electoral a través de una reforma a la Ley Electoral.